“Persiste la omisión de la declaración jurada de patrimonio por parte de 18 funcionarios del gobierno, en desafío a la legislación vigente”
SANTO DOMINGO | A pocos meses de concluir el periodo presidencial de Luis Abinader, se ha evidenciado un incumplimiento preocupante por parte de 18 funcionarios designados bajo su administración. Estos individuos han desatendido la obligación legal de presentar su declaración jurada de patrimonio, contraviniendo así la Ley 311-14. Este hecho no solo plantea interrogantes sobre la transparencia y ética dentro del gobierno, sino que también pone en relieve la falta de consecuencias significativas para quienes evaden esta responsabilidad.
Desde el inicio de su mandato, el presidente Abinader ha promovido un discurso centrado en la transparencia, el cambio y la lucha contra la corrupción. No obstante, la realidad parece contradecir sus principios, ya que varios de sus funcionarios han optado por no alinearse con estas directrices, manteniéndose al margen de la ley. La Cámara de Cuentas ha identificado a varios presidentes de entidades, miembros de consejos, gobernadores, directores e incluso un cónsul entre los que no han cumplido con la presentación de su declaración jurada de patrimonio hasta noviembre de 2023.
El Instituto para el Desarrollo del Suroeste (Indesur) destaca por contar con el mayor número de funcionarios en esta situación, incluyendo a Máximo Florián Sierra, Ángel Darío Ramírez Medina, Manuel Antonio Medina, Francisco Alberto Jiménez Sena y Juan Adolfo Familia Beltre. Estos, junto a otros funcionarios de diversas entidades como la Corporación de acueducto y alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) y el Instituto de Auxilios y Viviendas (Inavi), han ignorado los requerimientos legales desde el año 2020.
Además, se ha registrado la reincidencia en el incumplimiento de esta obligación legal por parte de siete funcionarios que ya habían sido suspendidos temporalmente en noviembre de 2020, sin que se aplicaran sanciones definitivas que impidieran su reiterada omisión.
La Ley 311-14 estipula claramente la obligatoriedad de la declaración jurada de patrimonio para una amplia gama de funcionarios públicos, estableciendo sanciones severas para aquellos que incumplan con esta disposición. A pesar de ello, la falta de cumplimiento y de sanciones efectivas subraya una problemática de gobernabilidad y ética en la administración pública.
Por: Marcano Sin Tapujos