
La jueza Janibet Rivas del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tras comprobar la legalidad, utilidad y pertinencia de las pruebas proporcionadas por el Ministerio Público, ha resuelto proceder al juicio de fondo para todos los implicados en el caso Coral. Adicionalmente, la jueza confirmó las diversas medidas de coerción impuestas a los acusados, así como la retención de los bienes incautados.
Entre los afectados se encuentran altos oficiales militares, funcionarios públicos y empresarios, tales como el mayor general Adan Cáceres Silvestre, el teniente general Rafael Núñez de Haza y los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes, entre otros.
La decisión de la magistrada Rivas también implica a 14 empresas implicadas en el caso, que formaban parte de un supuesto entramado criminal que habría defraudado al Estado dominicano con RD$4,500 millones durante los gobiernos presididos por Danilo Medina.
La jueza Rivas admitió en su totalidad las pruebas documentales proporcionadas por la Cámara de Cuentas, Impuestos Internos, Tesorería Nacional y Onapi; y parcialmente las de la Junta Central Electoral (JCE), respecto al árbol genealógico de los acusados.
La jueza señaló que los acusados habían centrado su estrategia de defensa en cuestiones de inconstitucionalidad, incidentes, inadmisibilidad y exclusión de la prueba en relación con la legalidad, utilidad y pertinencia. No obstante, Rivas afirmó que se ha constatado la existencia de circunstancias factibles, con pruebas que apuntan a un enriquecimiento que supera su poder adquisitivo a partir de los fondos estatales de la institución en la que trabajaban en sus diversos roles.
Rivas concluyó que “existe una promesa razonable que da cuenta de que las pruebas acreditadas sí se podrán probar en el juicio las proposiciones facticas del órgano fiscal”, abriendo el camino para el juicio conforme al artículo 3 del Código Procesal Penal.