“Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones Públicas, señala graves irregularidades y remite el caso al Ministerio Público”
SANTO DOMINGO | En un giro sorprendente, el Ministro de Tránsito se encuentra bajo el escrutinio público debido a graves irregularidades detectadas en el proceso de licitación llevado a cabo por el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para mejorar el centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo. Las acusaciones han sido planteadas por Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones Públicas, quien ha remitido el caso al Ministerio Público para su investigación.
En una rueda de prensa celebrada ayer, Carlos Pimentel anunció que la entidad había tomado la decisión de suspender temporalmente el contrato y había analizado dos denuncias relacionadas con la licitación. Durante el proceso de revisión de los documentos del procedimiento administrativo y las denuncias presentadas, se encontraron pruebas de irregularidades que justifican la adopción de medidas cautelares.
Pimentel declaró: “Hemos descubierto graves irregularidades en la ejecución del procedimiento, incluyendo indicios de falsificación de documentos, composición accionaria confusa y movimientos sospechosos de accionistas, entre otros. Por esta razón, hemos remitido los hallazgos al Ministerio Público para que investigue a fondo a la empresa Transcore Latam, SRL, y determine si ha estado involucrada en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación”.
En colaboración con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, Contrataciones Públicas está llevando a cabo un procedimiento administrativo sancionador respecto de Transcore Latam SRL, la empresa que obtuvo el contrato, con el objetivo de establecer las posibles consecuencias legales de estas irregularidades.
Además, Contrataciones Públicas ha declarado la nulidad de pleno derecho de los informes, la evaluación técnica, evaluación de ofertas y otros aspectos, lo que resulta en la “nulidad del referido contrato”. En consecuencia, el Intrant deberá iniciar nuevamente el proceso de licitación desde cero.
Carlos Pimentel también reveló que había enviado varias advertencias al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) respecto a las irregularidades en la licitación, pero nunca recibió respuesta. Estas advertencias finalmente condujeron a la suspensión definitiva del contrato con Transcore Latam SRL y al envío del caso al Ministerio Público.
El funcionario público destacó que las irregularidades comenzaron con la adjudicación del contrato, ya que el monto originalmente previsto era de 1,200 millones de pesos, pero finalmente se otorgó por más de 1,317 millones de pesos, comprometiendo al Estado por encima de su disponibilidad presupuestaria.
Además, Contrataciones Públicas notificó al Intrant sobre las denuncias presentadas por otras empresas, alegando que Transcore Latam SRL había utilizado información falsa o fraudulenta. A pesar de proporcionar orientación sobre el procedimiento administrativo sancionador, no recibieron respuesta.
Finalmente, se descubrió que la empresa adjudicataria, Transcore Latam SRL, podría estar involucrada en un entramado societario con “estructuras empresariales complejas”, lo que incluye la utilización de mecanismos para crear múltiples empresas a través de una única entidad o beneficiario final. Esto ha suscitado preocupaciones significativas sobre la transparencia y legalidad del proceso de contratación.
El director de Contrataciones Públicas enfatizó la necesidad de abordar estas irregularidades con la máxima seriedad y destacó que la creación de empresas con nombres y actividades comerciales similares es una práctica inquietante que podría tener graves implicaciones legales.
Por: Marcano Sin Tapujos
