“El 80% de la población carcelaria en prisión preventiva pone en duda la efectividad del sistema de justicia”
SANTO DOMINGO | Las reiteradas infracciones de los jueces al debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho a la presunción de inocencia, garantizados por la Constitución de la República Dominicana, han provocado una oleada de críticas y preocupaciones entre los profesionales del derecho penal.
Destaca entre los preocupados el jurista Marino Elsevif Pineda, quien ha señalado que la justicia penal se encuentra en una situación crítica, desdibujada por estas violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 68 y 69 de la Constitución. Según Pineda, estas transgresiones han llevado a que actualmente el 80% de la población carcelaria esté en prisión preventiva.
Pineda argumenta la necesidad de redefinir el papel del juez de instrucción, fortalecer la investigación de crímenes y limitar el poder discrecional del Ministerio Público, el cual, a su juicio, ha fracasado en su rol de custodio de la acción pública. Critica la capacidad de este órgano para comprometer la presunción de inocencia, afectando negativamente a la familia dominicana mediante prácticas que considera inapropiadas y politizadas, especialmente en su difusión a través de los medios de comunicación.
El penalista llama a un momento de renovación en el sistema judicial, instando a abandonar la hipocresía y reconocer abiertamente las limitaciones y desafíos actuales.
Los planteamientos de Elsevif Pineda se fundamentan en los artículos 68 y 69 de la Constitución, que aseguran la protección de los derechos fundamentales. El artículo 68 establece que la Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales mediante mecanismos de tutela y protección. Estos derechos obligan a todos los poderes públicos a garantizar su cumplimiento conforme a la Constitución y la ley.
Por su parte, el artículo 69 define la tutela judicial efectiva como el derecho de toda persona a obtener una justicia accesible, oportuna y gratuita, respetando el debido proceso. Este incluye garantías mínimas como el derecho a un juicio justo, público, oral y contradictorio; el derecho a ser oído en un plazo razonable por una jurisdicción competente, independiente e imparcial; la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario mediante sentencia firme; y la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo delito.
Por: Marcano Sin Tapujos
