SANTO DOMINGO | El caso en contra de la red criminal liderada por César Emilio Peralta, también conocido como César “El Abusador”, ha llegado a un final provisional gracias a un acuerdo que ha sido oficialmente homologado por la jueza Franchesca Pontentini, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Esta resolución dicta penas suspendidas que varían entre los tres y los siete años de prisión para los implicados.
Este acuerdo fue presentado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional, quienes lograron llegar a un consenso con diez miembros de la red criminal.
El tribunal sentenció a siete años de prisión a Heriberto de la Cruz Pérez, mientras que José Bernabé Quiterio fue condenado a seis años. Marisol Mercedes Franco, pareja sentimental de Peralta, Yadher Rafael Jaquez Araujo, Alan Gilbert Bueno Alcequiez, Rodolfo Cedeño Ureña, Lidio Peña Mota, Rafael Reyes y Natanael Castro Cordero, alias Nato, recibieron cinco años de prisión suspendida. En tanto, Johanny Paniagua Peña de Rombley fue sentenciada a tres años bajo las mismas condiciones.
El proceso judicial también culminó con la disolución de 15 empresas asociadas a la red delictiva. Entre ellas se incluyen negocios como Kaprich Dance Club, París Auto Detailing, D’Jovanny Bar Disco, Inversiones Cedeño Ureña SRL y VIP ROOM SRL, entre otros.
Además, se han decomisado a favor del Estado dominicano 11 propiedades lujosas, 12 vehículos de alta gama, tres armas de fuego de uso exclusivo militar y otros artefactos relacionados. Se confiscaron también más de un millón de pesos dominicanos y 100 mil dólares americanos y canadienses, junto con otros activos congelados por órdenes judiciales.
Se impusieron multas significativas a los implicados, alcanzando los 200 salarios mínimos para la mayoría y 10 salarios mínimos para Johanny Paniagua, sumando un total de más de 18 millones de pesos dominicanos.
Finalmente, la sentencia impuso reglas estrictas a los condenados, como la prohibición del uso de armas de fuego, la obligación de prestar servicios de utilidad pública y la presentación periódica ante el Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional para evaluar el cumplimiento de la sentencia.
Por: Marcano Sin Tapujos
