“La Procuraduría pide un impedimento de salida, presentación periódica y el pago de una garantía económica de cien millones de pesos”
SANTO DOMINGO | La Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, a través del juez de la Instrucción Especial, Napoleón Estévez Lavandier, ha recibido la solicitud del Ministerio Público para imponer medidas de coerción a la diputada Rosa Amalia Pilarte López. La legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) está acusada de delitos de narcotráfico y lavado de activos.
El procurador adjunto Pedro Amador ha solicitado un impedimento de salida del país para la diputada Pilarte López, así como su presentación periódica y el pago de una garantía económica de cien millones de pesos en efectivo. Esta medida de coerción se solicita en el marco de una instancia de apertura a juicio en su contra.
Miriam Germán Brito, la procuradora general de la República, previamente había ordenado investigar a Pilarte López por estas acusaciones. En la denuncia se señala a la diputada como parte de un expediente que también involucra a su esposo, Miguel Arturo López Florencio, alias Miky López, y sus dos hijos, Ada María Pilarte y José Antonio Román. En el documento de acusación, presentado por el Ministerio Público ante la jurisdicción de La Vega, también figuran las empresas Auto Crédito Selecto, Servi Crédito Selecto, Agropecuaria Gloria Ivette e Inmobiliaria Gloria Ivette. Se acusa a estas entidades de ser fachadas para la introducción de miles de millones de pesos y dólares, obtenidos a través de actividades de narcotráfico, en el sistema financiero nacional.
Se afirma que la red criminal en la que participaba Pilarte López habría movido más de RD$2,000 millones entre 2007 y 2019, cifra respaldada por movimientos económicos en los bancos nacionales y cuyo origen se atribuye a actividades ilícitas. Aún se busca a otro participante en la red, Pablo Antonio Martínez Javier, socio de Miky López y condenado en Estados Unidos en 2009 por narcotráfico.
La diputada del PRM es acusada de haber introducido más de 4,400 millones de pesos en el sistema financiero nacional a través de depósitos en efectivo que, según el Ministerio Público, no puede justificar. Dicha suma es discordante con los ingresos lícitos que Pilarte López había declarado a las autoridades por su actividad laboral como odontóloga.
Se alega que la diputada participaba activamente en la estructura criminal dedicada al lavado de activos y se le acusa de utilizar testaferros, una práctica común en las organizaciones criminales. También se sugiere que la diputada sirvió como tal para su esposo y otros miembros de la red de lavado de activos, adquiriendo varios inmuebles y traspasándolos a otras personas a nombre de la razón social “Inversiones Inmobiliaria Cutuú, SRL.”, representada por su cuñado Manuel Antonio Inoa Valdez.
Rosa Amalia Pilarte enfrenta ahora cargos por violar la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana, acusada de introducir montos exorbitantes en el sistema financiero para apoyar las actividades de un circuito de lavado de activos, con pleno conocimiento y de adquirir bienes con dinero ilícito.
Por: Marcano Sin Tapujos
