
“Tras años de investigación, la sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revoca prisión preventiva e impone nuevas medidas”
SANTO DOMINGO | La controversia y la polémica rodean la reciente decisión judicial tomada respecto a Donald Guerrero, exministro de Hacienda y principal acusado en el caso Calamar. En un giro sorprendente, la primera sala penal de la corte de apelación del Distrito Nacional determinó el cese de la prisión preventiva que pesaba sobre él, imponiéndole una garantía económica de cinco millones de pesos, presentación periódica ante las autoridades y el impedimento de salida del país.
Guerrero había compartido reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres con José Ramón Peralta, exministro administrativo de la presidencia, desde que en marzo de 2023, la jueza Kenya Romero dictaminara su prisión preventiva.
No obstante, la larga lista de imputados en este caso no se detiene allí. Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, Daniel Omar Caamaño, excontralor General de la República, y otros prominentes nombres, se encuentran bajo el foco de la justicia. El Ministerio Público los acusa de desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, financiamiento ilícito y lavado de activos, entre otros graves delitos.
La determinación de la sala, presidida por Doris Pujols Ortiz e integrada por Rafael Báez e Indira Montas, se fundamentó en que Guerrero “no presenta peligro de fuga ni ha obstruido la investigación desde que inició hace más de 3 años”. Esta decisión ha generado reacciones encontradas en la sociedad dominicana, dado que, para algunos, evidencia una posible práctica de lawfare o guerra jurídica.
La defensa del exministro ha sido enfática en que su cliente ha demostrado, a lo largo de la investigación, un comportamiento ejemplar, cumpliendo con todas las citaciones y colaborando plenamente con la justicia. Eduardo Nuñez, abogado de Guerrero, manifestó que “Donald Guerrero no necesita estar en prisión para someterse al proceso. Esa medida de prisión preventiva nunca pudo justificarse en Derecho”.
A pesar de la decisión judicial, la controversia continúa y se suman voces críticas que señalan que la prisión preventiva en República Dominicana parece haberse convertido en una especie de condena anticipada. Esto, argumentan, atenta contra la presunción de inocencia, pilar fundamental del sistema jurídico dominicano.
El caso Calamar sigue abierto y la justicia dominicana tiene ante sí el reto de demostrar que puede actuar con transparencia, imparcialidad y respeto al debido proceso.
Por: Marcano Sin Tapujos