En el contexto de la presidencia española en el Consejo de la Unión Europea, quince autoridades responsables de las políticas de igualdad para personas LGTBI han firmado una declaración en la cual instan al Parlamento Europeo a mantener su compromiso de promover la igualdad LGBTIQ, mejorar la recopilación de datos confiables, erradicar la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales, y promover la despenalización de la homosexualidad y la transexualidad a nivel internacional.
En relación a cuestiones específicas, los firmantes solicitan que, cuando sea necesario, se fomente el reconocimiento legal de la filiación de los niños y niñas, se incremente la financiación de organizaciones internacionales que trabajan en favor del colectivo, se prohíban las prácticas de conversión de la orientación sexual, se avance en una educación con perspectiva de igualdad de género y diversidad sexual, se permitan los tratamientos médicos de reproducción asistida y fertilidad, y se garantice el reconocimiento legal del género basado en el principio de autodeterminación.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, encabeza esta declaración, habiendo retomado su papel público después de las polémicas electorales. Junto a ella, ministros y secretarios de Estado de Bélgica, Chipre, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Eslovenia, Portugal y Suecia han firmado el documento, que también está abierto a la adhesión de otros Estados miembros. Aunque trece países no han suscrito la declaración, aquellos que la han firmado se destacan por tener departamentos ejecutivos dedicados a Justicia, Asuntos Sociales, Diversidad, Familia, Tercera Edad, Infancia, Juventud, Integración, Discapacidad, Cultura, Ciencia o Vida Laboral, además del Ministerio de Igualdad.
Las quince autoridades advierten sobre diversas situaciones que han puesto en riesgo los derechos de las personas LGBTIQ en los últimos años, y que han alimentado el odio, la violencia y la discriminación, especialmente hacia las personas trans. Aunque no se mencionan directamente, se hace referencia a los países vecinos que no han firmado la declaración, como Italia, Polonia, Bulgaria, Finlandia, Grecia, Austria, Croacia u Hungría, entre otros. Alertan sobre la existencia de brechas significativas en casi la mitad de los países de la UE en cuanto a la protección básica contra la discriminación y la violencia, y sobre las campañas emprendidas por algunas organizaciones políticas y de la sociedad civil para revertir la legislación vigente en materia de derechos humanos e igualdad para personas LGBTIQ.
Dentro del marco del programa de conferencias de alto nivel titulado ‘Avanzando los derechos LGBTIQ en Europa’, presentado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se ha difundido esta declaración, que también destaca que no todos los Estados miembros ofrecen una educación sexual integral desde una perspectiva de igualdadde género y diversidad sexual, así como en cuestiones de género y familia. Además, se señala que en muchos lugares de Europa todavía se llevan a cabo prácticas de conversión, las cuales pueden equipararse a formas de tortura. En el currículo de los ponentes incluido en el programa, se destaca en primer lugar su identidad sexual, contando con dos “él”, nueve “ella” y cuatro “elle” u “otra opción”.
La declaración afirma que muchos Estados miembros han decidido ir más allá del marco legal existente en la comunidad y han promulgado, y continúan haciéndolo, leyes que amplían la protección de las personas LGBTIQ+ contra la discriminación y garantizan el pleno disfrute de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones en otros aspectos de sus vidas.
Por: Marcano Sin Tapujos
