“En un juicio político marcado por la persecución, Castillo y otros exfuncionarios enfrentan acusaciones de corrupción administrativa”
SANTO DOMINGO | En lo que parece ser una víctima más del fenómeno del Lawfare, el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, enfrenta un juicio político en el que el Ministerio Público parece buscar más una condena mediática que justicia. Castillo, quien también fue candidato a la presidencia de la república en el 2020, comparecerá este jueves ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional con la esperanza de que se le levante el arresto domiciliario impuesto en el caso Calamar.
Luis Rivas, parte del equipo legal de Castillo junto a Laura Acosta y Nassef Perdomo Cordero, ha manifestado la intención de solicitar a la jueza Ana Lee Florión la liberación pura y simple de su cliente. Resaltan la disposición y preparación para enfrentar el proceso, subrayando la falta de vinculación de Castillo con los hechos acusados por el Ministerio Público.
El caso Calamar, que ha involucrado a múltiples exfuncionarios como Donald Guerrero, exministro de Hacienda, y José Ramón Peralta, exministro de la presidencia, se ha desarrollado en un contexto de medidas cautelares variadas y liberaciones de arrestos domiciliarios. Esto, según la defensa de Castillo, debería resultar en un tratamiento equitativo para su cliente.
La operación, llevada a cabo por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en marzo pasado, ha sido amplia, con 40 allanamientos y la detención de 15 personas. Entre los imputados figuran personalidades como el ex contralor General de la República, Daniel Omar Caamaño, y el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.
Las acusaciones preliminares del Ministerio Público abarcan un amplio espectro de delitos, incluyendo asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos. Sin embargo, el caso ha sido tildado por muchos como un ejemplo claro de Lawfare, donde el proceso legal se utiliza como arma política.
En medio de un clima de tensión política y social, el futuro de Gonzalo Castillo y sus coacusados en el caso Calamar sigue siendo incierto, mientras continúan enfrentándose a un sistema que algunos consideran sesgado y enfocado más en la condena pública que en la justicia imparcial.
Por: Marcano Sin Tapujos
