“La resolución busca evitar el uso indebido de recursos del Estado y mantener la integridad de los símbolos patrios y religiosos”
SANTO DOMINGO | En una movida inesperada, la Junta Central Electoral (JCE) ha tomado firmes decisiones para garantizar la transparencia en las próximas elecciones presidenciales, congresuales y municipales de 2024. La JCE, a través de una resolución reciente, ha dejado en claro que la participación activa de ciertos funcionarios del Gobierno en las actividades electorales está fuera de los límites permitidos.
Dicha resolución establece que aquellos funcionarios que han sido designados mediante un decreto del Poder Ejecutivo o por entidades públicas, incluyendo los de ayuntamientos a nivel nacional, no podrán formar parte de la precampaña y campaña electoral. Este paso se ha tomado para garantizar un proceso electoral libre de influencias gubernamentales que puedan inclinar la balanza hacia un lado u otro.
En un esfuerzo por mantener una campaña limpia y libre de conflictos de interés, la JCE ha subrayado la prohibición de utilizar recursos económicos del Estado en beneficio propio por parte de funcionarios públicos. El comunicado explicita: “Durante el período de la precampaña, los funcionarios que administran recursos económicos del Estado deberán abstenerse de utilizar los mismos para provecho político propio o en beneficio de terceras personas con igual propósito político”.
Las sanciones para aquellos que infrinjan esta resolución son severas. Aquellos que la transgredan enfrentarán denuncias ante el Ministerio Público y, de comprobarse la culpabilidad, podrían enfrentar condenas de uno a tres años de prisión. Además, se establece una multa correspondiente al doble de cualquier contribución ilegalmente recibida por los candidatos.
El documento también subraya la estricta prohibición de usar cualquier tipo de propaganda en instituciones públicas y de aprovechar vehículos y otros bienes de uso institucional con fines políticos. De igual manera, durante la precampaña, se espera que las instituciones del Estado y sus directivos eviten utilizar cualquier tipo de publicidad para promover candidaturas.
Un punto a destacar es el cuidado y respeto que debe tenerse por los símbolos patrios y religiosos. La JCE ha recalcado que estos no deben ser utilizados con fines de promoción política o como herramientas de asociación durante los procesos internos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, entre otros.
Este conjunto de medidas busca garantizar un terreno equitativo para todas las partes involucradas y proteger la integridad del proceso electoral en el país.
Por: Marcano Sin Tapujos
