“Cifras alarmantes, más de 90 personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales en 2023 bajo vigilancia policial”
SANTO DOMINGO | Jean Alain Rodríguez, exprocurador general de la República Dominicana, ha resaltado las graves violaciones a los derechos humanos en el país, con énfasis en las acciones de algunos cuerpos de seguridad, como la Policía Nacional. Este señalamiento se basa en un informe emitido por Estados Unidos, que subraya la impunidad como un problema persistente y critica al gobierno dominicano por su inadecuada respuesta ante los cuestionamientos sobre controles internos y las investigaciones dentro de las fuerzas de seguridad.
Rodríguez destacó las denuncias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en República Dominicana, las cuales incluyen abusos policiales y maltratos a los ciudadanos, que abarcan desde la falta de cortesía hasta tratos rudos. El informe menciona casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, siendo estos últimos particularmente alarmantes. En los meses de octubre y noviembre de 2022, se registraron al menos 25 muertes en lo que se describió como intercambios de disparos, aunque hay testimonios que sugieren ejecuciones extrajudiciales.
Para el año 2023, la CNDH reporta que al menos 96 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Nacional, atribuyendo el 75% de estos casos a la gestión del anterior director, Eduardo Alberto Ten. La Comisión advierte que tomará medidas contra la institución si estas prácticas continúan.
La inseguridad ciudadana es otra preocupación mayor para los dominicanos, con aproximadamente el 70% de la población sintiéndose insegura. Rodríguez señaló que, aunque la delincuencia común es motivo de temor, el miedo es mayor hacia los agentes del orden público debido a su involucramiento en actividades delictivas y complicidad en casos de narcotráfico y sicariato.
A pesar de estos datos alarmantes, estadísticas del Ministerio de Interior y Policía indican una disminución en la tasa de criminalidad de 16 a 9 por cada 100,000 habitantes entre 2016 y 2020. Sin embargo, se ha observado un retroceso en estos avances en los últimos tres años.
La normativa de la Policía Nacional establece que el uso de armas de fuego debe ser el último recurso, y los agentes deben actuar con moderación y proporcionalidad. A pesar de esto, el informe revela múltiples infracciones a estas reglas por parte de los agentes.
El Colegio Dominicano de Psicólogos enfatiza la importancia de someter a los agentes a evaluaciones psicológicas previas a su incorporación, sugiriendo que ciertos comportamientos violentos pueden tener origen en experiencias personales pasadas.
La falta de protección por parte del Estado implica una responsabilidad estatal. Es imperativo disponer de medios legales que diferencien claramente entre la actuación legítima del Estado y las conductas ilícitas de los agentes policiales. La transgresión de estos límites constituye una grave amenaza al Estado de derecho.
Se espera que las autoridades dominicanas adopten medidas decisivas para enfrentar esta problemática, garantizando la seguridad y el respeto a los derechos humanos en la República Dominicana.
Por: Marcano Sin Tapujos
