“La reciente ley que instaura la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha generado un amplio debate por posibles conflictos con la Constitución y excesos de poder”
SANTO DOMINGO | La reciente promulgación de la Ley 1-24, que da vida a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ha desatado un intenso debate en la sociedad civil dominicana. Esta ley, inicialmente percibida como una normativa rutinaria, ha despertado preocupaciones serias entre diversos sectores, incluyendo la Sociedad Dominicana de Diarios, que ha señalado potenciales conflictos con la Constitución dominicana.
El panorama se complicó aún más cuando el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y un grupo de abogados, liderado por el ex presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Alegan que la ley infringe derechos fundamentales, otorgando un poder desmedido a una sola entidad.
Leonel Fernández, expresidente y candidato presidencial, ha sido una de las voces más críticas, comparando las atribuciones de la DNI con agencias como la CIA, el FBI, la KGB y el Mosad, pero con una concentración de poder aún mayor. Según Fernández, esto representa el mayor retroceso institucional y democrático desde la muerte de Trujillo, advirtiendo sobre los riesgos de permitir a una sola persona intervenir en asuntos públicos y privados de manera tan amplia.
La controversia se agudiza al considerar el proceso de aprobación de la ley. Hidian Medina, jurista y politólogo, señala la falta de colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso durante el proceso legislativo como una de las razones del descontento general. Medina critica el papel desempeñado por los legisladores y la consultoría jurídica, quienes, a su juicio, debieron ser más proactivos para evitar estas disputas.
Medina también sugiere que el presidente Luis Abinader pudo haber sido sorprendido por la situación, confiando en su consultoría jurídica. Entre los aspectos más preocupantes de la ley se encuentra la estipulación de condenas de dos a tres años de prisión para aquellos que se nieguen a proporcionar información a los organismos de inteligencia.
En este contexto de incertidumbre y crítica, varios recursos han sido presentados ante el Tribunal Constitucional, que ahora tiene la tarea de evaluar esta controversial ley. La sociedad dominicana espera con interés las decisiones del tribunal, mientras continúa el debate sobre el equilibrio entre seguridad nacional y respeto a los derechos fundamentales y a la Constitución.
Por: Marcano Sin Tapujos
