“El exdiputado enfrenta una posible condena severa sin garantías de reducción, incluyendo cadena perpetua y elevadas multas”
SANTO DOMINGO | Miguel Gutiérrez Díaz, exdiputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha tomado la decisión de ceder completamente el control de su caso a la fiscalía general de Estados Unidos. Esta acción implica una renuncia total a sus derechos procesales, dejando en manos de la justicia estadounidense su futuro legal sin la certeza de una recomendación favorable para la reducción de su condena.
El acuerdo firmado entre Gutiérrez y la fiscalía establece que el exdiputado renuncia a su derecho de ser acusado formalmente, aceptando que la sentencia será impuesta por un tribunal tras evaluar los hechos del caso. Este proceso no le asegura a Gutiérrez una sentencia predeterminada o un periodo específico de reclusión.
Según las condiciones del acuerdo, el Gobierno de EE.UU. realizará un cálculo consultivo de la sentencia, basándose en los hallazgos de la investigación llevada a cabo por el tribunal de libertad condicional. Este proceso se iniciará después de que Gutiérrez admita su culpabilidad.
El tribunal que maneje el caso tiene la facultad de desviarse de la recomendación consultiva, lo que significa que la sentencia final podría ser modificada, ya sea incrementándola o reduciéndola según el criterio judicial. Aunque el tribunal debe considerar las directrices del acuerdo, no está obligado a imponer una sentencia dentro del rango sugerido, pudiendo adaptarla según las circunstancias.
En términos de las posibles sentencias, Gutiérrez enfrenta cargos severos. Por el delito de tráfico de drogas, podría ser condenado a cadena perpetua o, como mínimo, a diez años de prisión seguidos de un periodo de libertad supervisada de al menos cinco años, que podría extenderse por el resto de su vida. Por el cargo de lavado de activos, la pena probable sería de diez años y un mínimo de tres años de libertad condicional.
Además, Gutiérrez podría enfrentar una multa sustancial que asciende a 10 millones 500 mil dólares estadounidenses. Junto con las multas, deberá abonar las evaluaciones especiales, cuyo costo es de 200 dólares cada una. En caso de que no pueda hacer frente a estos pagos, deberá presentar pruebas de su incapacidad económica.
Por: Marcano Sin Tapujos
