
SANTO DOMINGO | El empresario vegano Miguel Arturo López, ampliamente conocido como Micky López, ha estado bajo el escrutinio de acusaciones desde el año 2014. Su participación en una serie de delitos, que van desde la falsificación de firmas hasta su presunta vinculación con una red de narcotráfico internacional, ha sido objeto de gran preocupación para las autoridades competentes.
El primer incidente que lo involucra ocurrió en 2014, cuando López fue acusado de falsificar la firma del diputado Miguel Gutiérrez en un intento de validar una supuesta deuda. Este caso marcó el inicio de una serie de acusaciones que han puesto en tela de juicio la integridad de Micky López.
Sin embargo, las acusaciones en su contra no se limitan a este incidente en particular. Las autoridades lo señalan como el cabecilla de una red de narcotráfico internacional liderada por el exsargento de la Armada Dominicana, Pablo Antonio Martínez Javier. Sorprendentemente, Martínez Javier resulta ser hijo de Rosa Amalia Pilarte, la diputada y esposa de Micky López, quien obtuvo una candidatura por la provincia de La Vega.
Según el Ministerio Público, las investigaciones revelan que López habría participado en actividades de lavado de activos, adquiriendo bienes como apartamentos y vehículos de alta gama, utilizando fondos provenientes del narcotráfico. Durante el año 2010, se estima que López habría experimentado un incremento económico de aproximadamente 23 millones 778,969.30 pesos a título personal.
Las pruebas materiales obtenidas de dispositivos móviles incautados en su residencia y empresas, como fotografías y videos, han puesto en duda la veracidad de los ingresos legítimos de López, ya que su estilo de vida y actividades sociales no concuerdan con su supuesta condición de clase media baja.
Además de las acusaciones contra Micky López, el Ministerio Público también imputa a su esposa, la diputada Rosa Amalia Pilarte, de haber ingresado más de RD$2,593 millones al sistema financiero nacional, provenientes de actividades relacionadas con el narcotráfico.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega han presentado cargos contra Micky López y otros cuatro individuos que formaban parte de esta organización criminal dedicada al narcotráfico. También se han mencionado las empresas Auto Crédito Selecto, SRL., Servi Crédito Selecto, SRL., Agropecuaria Gloria Ivette, SRL. e Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL., como parte de la estructura utilizada en estas actividades delictivas.
Las acusaciones y la vinculación de Micky López con la red de narcotráfico internacional plantean serias interrogantes sobre su participación en actividades ilegales y subrayan la necesidad de realizar investigaciones exhaustivas para esclarecer su implicación en estos delitos.
El Ministerio Público ha destacado que Miky López fue identificado como el cabecilla de la organización criminal después de la fuga de Martínez Javier, quien fue extraditado y condenado en Estados Unidos. López fue vinculado también como uno de los principales socios en el Cibao de Quirino Ernesto Paulino Castillo.
La estrategia utilizada por Miky López y su hijo Martínez Javier para ocultar sus actividades ilícitas implicaba la inversión en bienes e inmuebles, con el fin de dar apariencia de legitimidad a activos provenientes del narcotráfico. Estas inversiones, según la acusación, incluían propiedades “de carpeta” y “de fachada”, las cuales no tenían un domicilio físico y operaban únicamente para la colocación y estratificación de dinero en el sistema financiero nacional.
Las autoridades también han revelado que Miky López se dedicaba al blanqueo de capitales de actividades ilícitas en la región norte de la República Dominicana, especialmente en La Vega. Se le vincula al caso conocido como “Los Botones” y se le acusa de patrocinar actividades de narcotráfico, facilitando el envío y recepción de drogas, utilizando dinero obtenido ilegalmente bajo la fachada de préstamos a miembros de estructuras criminales vinculadas estrechamente al tráfico de drogas.
Las acusaciones presentadas por el Ministerio Público plantean un panorama alarmante y resaltan la importancia de llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar la culpabilidad de los involucrados en estas actividades ilícitas.
El Ministerio Público continuará trabajando en estrecha colaboración con las autoridades competentes para asegurar que se haga justicia y que aquellos responsables de cometer delitos sean llevados ante la ley.