“Reclaman más de 113 millones de pesos retenidos injustamente y demandan la aplicación de la ley para asegurar beneficios y recursos para el gremio”
SANTO DOMINGO | En una manifestación de descontento y demanda de justicia, decenas de miembros del Colegio Dominicano de Notarios se congregaron este martes para marchar hacia el edificio de la Procuraduría General de la República, en un clamor unánime por la entrega de más de 113 millones de pesos que, según alegan, se les retiene de manera “ilegal e injustificada”. La protesta subraya una disputa prolongada por la adecuada distribución de los ingresos generados por actos notariales, una cuestión que pone en juego la viabilidad de servicios cruciales para los profesionales del sector.
Laura Sánchez Jiménez, presidenta del Colegio, articuló la esencia del conflicto señalando que el eje de su reivindicación radica en la “aplicación de la ley 140-15”, la cual es fundamental para que el Colegio pueda garantizar planes de pensiones, asistencia médica, y los recursos necesarios para la implementación de la firma digital. Estos elementos son cruciales para el adecuado desempeño y bienestar de los notarios dominicanos, afectados por la retención de fondos que limita significativamente su capacidad para ofrecer y acceder a estas prestaciones.
La marcha, que inició en la esquina de la avenida Jiménez Moya con Correa y Cidrón, en el emblemático Centro de los Héroes, culminó frente a las puertas de la Procuraduría. Este acto simbólico refleja la determinación de un gremio que se ve afectado por una situación que, según reportan, data desde el 12 de agosto de 2015, cuando la Procuraduría dejó de acreditar íntegramente los montos que legalmente corresponden al Colegio por cada acto notarial realizado.
Sánchez Jiménez destacó la discrepancia en el manejo de los fondos: mientras la Procuraduría ha incrementado la tarifa por acto notarial de 130 a 700 pesos, solo 80 pesos son remitidos al Colegio, una fracción que consideran insuficiente y que contraviene lo estipulado por la ley. Esta práctica ha ocasionado, según sus palabras, “daños materiales y morales” a los afiliados, socavando la integridad y la operatividad del Colegio.
La presidenta del Colegio advirtió que no tolerarán “transgresiones, actuaciones impropias, arbitrarias y desnaturalizantes” por parte de la Procuraduría ni de ninguna otra entidad, subrayando la importancia de adherirse a las responsabilidades que la ley reserva para su gremio. La disputa no solo afecta a los notarios, sino que, según argumentan, repercute en la ciudadanía por el incremento desproporcionado y no justificado de las tarifas por servicios notariales.
La exigencia de los notarios dominicanos por una distribución equitativa y transparente de los ingresos generados por su labor profesional resuena como un llamado a la justicia y al respeto por las leyes que rigen su actividad. La solución a esta disputa no solo beneficiaría directamente a los miembros del Colegio, sino que también repercutiría positivamente en la calidad y accesibilidad de los servicios notariales para la población dominicana.
Por: Marcano Sin Tapujos
