
“La Dirección General de Contrataciones Públicas identifica violaciones a la ley en el contrato con Transcore Latam, S.R.L. y anuncia sanciones inminentes”
SANTO DOMINGO | La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha desvelado recientemente un nuevo conjunto de ilegalidades en el proceso de licitación pública llevado a cabo entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam, S.R.L. Este hallazgo, que surge de la tercera investigación sobre el caso, señala graves irregularidades en la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La resolución RIC-169-2023, emitida por la DGCP, confirma no solo las anomalías previamente identificadas, sino también la adición de servicios no estipulados en el contrato original. Esta acción constituye una contratación directa ilegítima y viola los artículos 16 y 20 de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, así como los principios de debido proceso y juridicidad.
La DGCP ha destacado la nulidad de este acuerdo directo, especialmente en lo referente a la prestación del servicio de recaudación de 305 controladores de tráfico, un elemento que no fue incluido en el pliego de condiciones original.
Otra violación significativa radica en el incumplimiento del artículo 3 del Decreto 15-17, relacionado con el proceso de emisión del certificado de apropiación presupuestaria. El Intrant utilizó un documento no oficial en lugar del generado por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). Además, el monto del contrato excede en RD$117,350,900.00 el presupuesto asignado, comprometiendo los recursos estatales más allá de lo aprobado.
La investigación también reveló que la garantía de fiel cumplimiento del contrato ofrecida por Transcore Latam, S.R.L. es menor a la exigida, violando el requisito de vigencia establecido en las condiciones de licitación.
Ante estas irregularidades, la DGCP ha declarado la nulidad del procedimiento de licitación y anticipa la aplicación de sanciones a los funcionarios y servidores públicos implicados por no ajustarse a las normas del debido proceso.
La resolución será enviada a varias entidades gubernamentales, incluyendo la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, Procompetencia, entre otras, para realizar investigaciones adicionales relacionadas con facturación, conflictos de interés y prácticas anticompetitivas.
Finalmente, la DGCP anunciará la próxima semana la última resolución sobre este caso, que establecerá el proceso sancionador a aplicar contra la empresa adjudicataria.
Por: Marcano Sin Tapujos