“Nombramiento de Randolfo Rijo Gómez y otros casos similares plantean interrogantes sobre la legalidad y la efectividad de la gestión pública”
SANTO DOMINGO | Esta semana, el escenario político dominicano se vio sacudido por el nombramiento interino del coronel Randolfo Rijo Gómez como director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), generando un intenso debate sobre la legalidad y la eficiencia de funcionarios ocupando múltiples cargos en el gobierno.
Rijo Gómez, quien reemplaza a Hugo Beras tras su licencia administrativa en medio de investigaciones por irregularidades en Intrant, compagina este nuevo cargo con su rol actual como director Ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, desempeñándose de manera honorífica en este último.
La constitución dominicana, en su Artículo 144, prohíbe expresamente el desempeño simultáneo de más de un cargo público remunerado. Sin embargo, este caso particular no infringe dicha norma, ya que Rijo Gómez y otros funcionarios en situaciones similares realizan sus labores adicionales de manera honorífica. Estas prácticas están respaldadas por el Ministerio de Administración Pública, que permite ciertos movimientos como licencias sin disfrute de salario y comisiones de servicio para ocupar distintos cargos.
Entre los funcionarios que han asumido múltiples responsabilidades bajo esta premisa se encuentra la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien también funge como jefa del Gabinete de Salud sin remuneración adicional.
Más allá de las cuestiones legales, surge la preocupación sobre la capacidad de estos funcionarios para desempeñar eficientemente todas sus responsabilidades. Incidentes como el asesinato del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera, donde la seguridad fue puesta en tela de juicio, evidencian los riesgos de esta práctica.
El presidente Luis Abinader, frente a este escenario, parece optar por delegar funciones dobles a ciertos funcionarios, una estrategia que busca mantener el control y evitar escándalos. Sin embargo, este enfoque no está exento de críticas, especialmente tras los recientes problemas en Intrant, donde se suspendió un contrato millonario por presunta corrupción administrativa.
Estos acontecimientos plantean un dilema crucial en la administración pública: ¿es viable y efectivo que un funcionario asuma varios cargos, aun cuando la ley lo permita? La respuesta a esta pregunta no solo determinará el curso de la gestión actual, sino que también influirá en el futuro de la política de recursos humanos en el sector público dominicano.
Por: Marcano Sin Tapujos