
SANTO DOMINGO | La Cámara de Diputados de la República Dominicana se encuentra en un debate acalorado respecto a la posible destitución de los miembros de la Cámara de Cuentas. Una comisión especial recomendó que los miembros sean sometidos a un juicio político, desencadenando una división entre el oficialismo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la oposición.
Según la comisión especial, los miembros de la Cámara de Cuentas han cometido 13 faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Esta afirmación ha sido apoyada por el PRM, que enfatiza en la pérdida de credibilidad de dicha institución y la necesidad de una Cámara de Cuentas competente, independiente y confiable.
Por otro lado, los partidos de la oposición presentes en la comisión, incluyendo el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo, han optado por no respaldar el informe que recomienda la destitución y han presentado un informe disidente. Los diputados de la oposición sostienen que la comisión especial no analizó conjuntamente las supuestas faltas graves y se negó a interrogar a los miembros de la Cámara de Cuentas de manera conjunta.
El informe disidente sugiere que las faltas graves no fueron debatidas apropiadamente, con alegaciones de que solo un legislador leyó los cargos desde su computadora sin la consulta adecuada a otros congresistas o técnicos. Los legisladores de oposición han criticado este procedimiento, afirmando que los hallazgos fueron aceptados sin un análisis cuidadoso.
El vocero del PLD, Juan Julio Campos, y su par de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, expresaron sus preocupaciones de que la motivación detrás del informe de la comisión podría ser “cumplir con compromisos políticos” para designar nuevos funcionarios en el órgano de control. Maldonado añadió que este tema puede ser parte de una estrategia política del oficialismo para obtener favores electorales en los comicios del 2024.
El diputado José Horacio Rodríguez, de Opción Democrática y miembro de la comisión, expresó que las imputaciones penales deben ser debatidas en los tribunales y no en el Congreso Nacional a través de un juicio político. En su opinión, algunas de las faltas graves señaladas no justifican un juicio político y corresponden a denuncias que no fueron debidamente profundizadas.
Este conflicto destaca las tensiones en el Congreso de la República Dominicana y pone de manifiesto la necesidad de un examen cuidadoso y transparente de las acusaciones presentadas contra los miembros de la Cámara de Cuentas. La decisión de proceder con un juicio político puede tener un impacto significativo en el panorama político y la confianza pública en la institución.
La resolución final sobre el futuro de la Cámara de Cuentas y sus miembros aún está por determinarse. Se espera que las próximas deliberaciones en el Congreso den lugar a una decisión equilibrada e imparcial, considerando tanto las faltas señaladas como los argumentos disidentes de la oposición.
Por: Marcano Sin Tapujos