“El Caso Medusa, marcado por acusaciones de Lawfare, enfrenta nuevo obstáculo con la recusación del juez Amauri Martínez”
SANTO DOMINGO | En un giro reciente en el llamativo caso Medusa, una estratégica recusación ha bloqueado la revisión de la medida de arresto domiciliario impuesta a Jean Alain Rodríguez, ex procurador y figura central del caso. Esta acción legal, que tuvo lugar la semana pasada, ha generado un nuevo capítulo en lo que muchos consideran un juicio político, marcado por acusaciones de lawfare y una búsqueda intensa por condenas mediáticas.
El juez del Tercer Juzgado de la Institución del Distrito Nacional, Amauri Martínez, se encontró imposibilitado de atender la solicitud de revisión de la medida de coerción, debido a la recusación interpuesta por uno de los implicados en el caso. Carlos Balcacer, líder del consejo de defensa de Rodríguez, retó esta decisión alegando que la recusación no debería ser un impedimento para que el juez Martínez continúe conociendo el caso.
Félix Antonio Rosario Labrada, otro de los acusados, fue quien recusó al juez Martínez la semana pasada. La defensa de Labrada cuestiona la imparcialidad del magistrado y ha prometido presentar pruebas adicionales que sustenten su posición en los próximos días. Esta recusación es la segunda contra el juez Martínez; la primera, presentada por la defensa del ex subdirector administrativo de la Procuraduría General, Alfredo Alexander Solano Augusto, fue rechazada por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
El caso Medusa también involucra a otros acusados de alto perfil, incluyendo a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo. Además, figuran Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; Altagracia Guillén Calzado, ex subdirectora administrativa; Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad; y Miguel José Moya, exasesor, entre otros.
Esta situación plantea serias preguntas sobre la integridad del proceso judicial y la posible influencia de factores políticos. La defensa de los acusados sostiene que están siendo víctimas de un Lawfare, donde se utiliza el sistema judicial como herramienta para lograr objetivos políticos, buscando condenas en la esfera pública en lugar de un juicio justo y equitativo.
El desarrollo de este caso continúa atrayendo la atención pública y mediática, mientras los acusados y sus defensores luchan por demostrar su inocencia en medio de un entorno judicial cada vez más polarizado y politizado.
Por: Marcano Sin Tapujos
