“Una demanda colectiva exige reparaciones por políticas que impactaron a solicitantes provenientes de países seguros”
OTTAWA, CANADÁ | El pasado viernes se presentó una demanda colectiva por un valor de 100 millones de dólares, por dos refugiados que aseguran representar a cerca de 20,000 solicitantes de asilo. Estos alegan haber sido discriminados intencionadamente debido a la Política de Países de Origen Designados (POD), suspendida en 2019.
La política en cuestión, adoptada en 2012, tenía como objetivo desincentivar a personas provenientes de 42 naciones, en su mayoría europeas y oceánicas, consideradas “seguras”, para evitar abusos en el sistema de protección de refugiados. Sin embargo, esta decisión llevó a que aquellos migrantes enfrentaran varias prohibiciones, incluyendo la incapacidad de apelar un rechazo a su solicitud de asilo o trabajar durante los primeros seis meses después de su arribo a Canadá.
Piotr Marek Kaczor, uno de los afectados y demandantes del caso, llegó a Toronto en 2018 huyendo de persecuciones en Polonia, su país natal, relacionadas con su orientación sexual y ser seropositivo. Asegura que, debido a estas prohibiciones, tuvo que vivir en un refugio, lo que intensificó su angustia psicológica y empeoró sus problemas de salud mental preexistentes.
La crítica al gobierno no solo se centra en las restricciones impuestas, sino también en el tiempo que mantuvo en vigor una política que, desde 2014, ya había sido señalada como contraria a la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Según Louis Century, abogado representante de los demandantes, se busca que el gobierno asuma las consecuencias de mantener una política que conocía como ilegal.
Si bien Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá (IRCC) admitió en 2019 que la política de POD no cumplió su objetivo, Century insta a Ottawa a tomar medidas más drásticas. El abogado muestra preocupación porque, aunque se retiraron todos los países de la lista de POD, la ley aún no ha sido derogada. Esto podría permitir que un ministro añada nuevamente países a dicha lista, lo que potencialmente renovaría la discriminación hacia ciertos migrantes.
Aunque el caso está en etapas iniciales y aún no ha obtenido certificación judicial, el IRCC ha optado por no emitir comentarios al respecto.
Por: Marcano Sin Tapujos