“Auge del Lawfare: Víctimas del juicio político aguardan justicia en un proceso marcado por controversias y falta de acusaciones formales del Ministerio Público”
SANTO DOMINGO | Al cumplirse ocho meses desde la declaración de complejidad en el caso Calamar, la tensión crece ante la ausencia de acusaciones formales por parte del Ministerio Público (MP). La situación ha avivado las críticas sobre un posible juicio político, alimentando la percepción de un Lawfare en contra de los acusados, quienes se ven atrapados en una red de acusaciones sin fundamentos formales.
El caso Calamar, que se inició con la resolución 0670-2023-SMDC-00535 en abril pasado, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción. No obstante, las acciones del Ministerio Público han generado controversia, en especial tras la captura de altos funcionarios del gobierno de Danilo Medina, entre ellos Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero.
Esta operación, liderada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), comenzó en marzo con 40 allanamientos y la detención de 15 personas. Según Yeni Berenice Reynoso, Procuradora adjunta y directora de persecución del MP, la operación fue el resultado de investigaciones iniciadas en 2021. Desde entonces, la Pepca ha reiterado tener pruebas sólidas y un caso blindado con más de 1,200 elementos de prueba.
Sin embargo, el carácter político del caso se ha intensificado con el apresamiento de tres altos funcionarios del gobierno anterior, dando lugar a acusaciones de Lawfare. Actualmente, ninguno de los imputados permanece en prisión: Gonzalo Castillo enfrenta arresto domiciliario, mientras que José Ramón Peralta, el último en prisión preventiva, fue liberado bajo fianza el 8 de noviembre.
Además, las defensas han señalado contradicciones significativas en los testimonios de testigos clave, como Bolívar Ventura, lo que ha llevado a cuestionar la solidez del proceso judicial. Estas circunstancias han alimentado un debate público sobre la legitimidad del proceso y la posible instrumentalización política del sistema de justicia.
En este contexto, la comunidad espera con expectativa la presentación de las acusaciones formales. La falta de avances concretos del MP en este sentido no solo plantea dudas sobre la eficacia del sistema judicial, sino que también pone en entredicho la imparcialidad de las instituciones encargadas de garantizar la justicia.
Por: Marcano Sin Tapujos
