
“El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional pospone el inicio del proceso hasta el 30 de noviembre”
SANTO DOMINGO | El caso conocido como “Operación Coral”, que aborda un expediente de corrupción que ha captado la atención pública, ha experimentado un nuevo revés. El inicio del juicio de fondo que estaba previsto, fue aplazado para el próximo 30 de noviembre. La decisión se tomó después de que cuatro de los imputados asistieran a la corte sin representación legal, incluyendo al mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón, y a la pastora evangélica, Rossy Guzmán.
Las magistradas encargadas del caso, Gissell Méndez, Jisselle Naranjo y Tania Yunes, han delineado el calendario de audiencias, que comenzarán a partir de la fecha establecida y se llevarán a cabo los días martes y jueves a las 9:00 a.m.
Entre los acontecimientos que tuvieron lugar durante la audiencia, el tribunal decretó el abandono de defensa del acusado Yehudy Blandesmil Guzmán, determinando que fuera representado por un defensor público. Además, hubo una solicitud de reposición de plazo por parte del defensor del imputado Kelman Santana, a la que el Ministerio Público se opuso y que, finalmente, fue rechazada por el tribunal.
Es importante destacar que el abogado Gerardo Polonia, quien previamente representó a Girón, había sido el mismo que admitió los hechos y acusó a los demás involucrados en el fraude al Estado mediante el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). Por otro lado, Héctor López Rodríguez representaba a Rossy Guzmán y a su hijo, el cabo Tanner Antonio Flete Guzmán.
El expediente de corrupción aborda una trama en la que se implican más de 40 personas y entidades que, supuestamente, defraudaron al Estado dominicano con cifras superiores a los 4,000 millones de pesos. En este contexto, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cusep, lidera el listado de acusados.
El entramado de corrupción extendió sus raíces al Cusep, Cestur y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani). Además de los ya mencionados, el caso vincula a otros altos mandos y personalidades, entre ellos generales de las Fuerzas Aéreas, coroneles y sargentos.
El Ministerio Público estuvo representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, y otros miembros clave del equipo legal, mientras que José Alberto Ortiz defendió los intereses del Estado en busca de indemnización por el fraude contra el erario.
Por: Marcano Sin Tapujos