SANTO DOMINGO | La Segunda Sala Penal del Distrito Nacional ha pospuesto la audiencia programada contra el presentador del programa “Corrupción al Desnudo”, Rafael Antonio Guerrero Méndez, para el 29 de agosto.
La jueza Clara Luz Almonte decidió aplazar la audiencia hasta esa fecha, después de que Guerrero Méndez se presentara al tribunal con un nuevo abogado que lo representara en el proceso de la demanda por difamación e injuria.
La demanda se inició con una querella de acción penal pública a instancia privada, interpuesta por el exjefe de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, a través de su abogado José Valdez Fernández.
En la acusación, se señala a Rafael Guerrero de violar el artículo 21 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Esta ley especifica que la difamación cometida a través de medios electrónicos se castiga con una pena de tres meses a un año de prisión y una multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo.
La demanda se basa en la supuesta difamación de Guzmán Fermín por parte de Guerrero Méndez en su programa “Corrupción al Desnudo”, acusándolo de actos de corrupción. Dicha difamación se realizó, según la querella, a través de medios electrónicos, lo que eleva la gravedad de la acusación en virtud de la Ley 53-07.
Además, una segunda demanda contra Guerrero Méndez, interpuesta por el ex presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Rolando Elpidio Rosado Mateo, será escuchada por el juez de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, Bladimir Rosario, el 18 de julio. Esta audiencia también fue aplazada tras la renuncia del anterior abogado de Guerrero Méndez, quien ha contratado a un nuevo profesional del derecho para que lo represente.
¿Libertad de expresión o difamación?
Este reciente conjunto de demandas refleja un patrón de conflictos judiciales para Guerrero Méndez. En el pasado, el comunicador ya se ha visto envuelto en litigios similares por difamación y calumnia.
A pesar de estos antecedentes, Guerrero Méndez ha seguido desempeñando su papel de periodista investigativo, apuntando a la corrupción y la injusticia en la sociedad dominicana. Sin embargo, estas continuas demandas y litigios plantean preguntas sobre la línea entre la libertad de expresión y la difamación, un equilibrio que los tribunales continúan definiendo.
