SANTO DOMINGO | La Comisión Especial de Diputados ha presentado imputaciones penales y administrativas graves contra el presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), Janel Andrés Ramírez Sánchez, tras una exhaustiva investigación de supuestas irregularidades y conducta indebida. Las acusaciones señalan que Ramírez Sánchez ha rechazado y archivado de forma ilegal la divulgación de diez auditorías, ha realizado pagos irregulares a un empleado, ha retrasado la realización de auditorías, ha fallado en la ejecución del presupuesto de la institución y ha maltratado a otros miembros de la institución.
Según la Comisión Especial, las acciones del presidente de la CCRD constituyen una violación de varios artículos y numerales de la Constitución de la República, la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, la Ley 10-04 sobre la Cámara de Cuentas, la Convención Interamericana Contra la Corrupción y el Reglamento Interno del Pleno de los Miembros de la Cámara de Cuentas.
El informe final, respaldado por 9 de los 17 diputados, detalla las acusaciones y presenta evidencia de que Ramírez Sánchez archivó auditorías con indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil, sin discutir adecuadamente su contenido y hallazgos. Este incluye el bloque de expedientes financieros de la Comisión Hípica Nacional Hipódromo V Centenario, entre otros.
El presidente de la CCRD también es acusado de archivar irregularmente otras auditorías, entre las que se incluyen las de la Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), la Dirección General de Ganadería (DIGEGA), el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y las de varias instituciones y ayuntamientos.
Además, se le atribuye a Ramírez Sánchez el incumplimiento de la ejecución presupuestaria de los años 2021 y 2022, y se le acusa de asignación ilegal de fondos públicos, mediante el voto a favor de una propuesta realizada por la miembro de la entidad, la señora Elsa Peña Peña, para Alfredo Antonio Peralta Rivas, quien ya no está vinculado a la entidad.
La comisión también alega que los presupuestos del 2022 y 2023 se elaboraron sin la presencia de representantes de la institución, del Senado o de la Cámara de Diputados, y que los informes se aprobaron sin contar con auditorías a la ejecución del Presupuesto General del Estado de los años 2020 y 2021.
Este informe de la Comisión Especial constituye la base para la solicitud de un juicio político contra Ramírez Sánchez.
Por: Marcano Sin Tapujos
