QUITO | Las calles y cárceles de Ecuador vuelven a ser el escenario de una oleada de violencia, que ha cobrado la vida de más de 30 personas en tan solo tres días. Este panorama sombrío está ensombreciendo el inicio de la campaña para las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el próximo 20 de agosto.
La serie de eventos violentos han forzado al presidente Guillermo Lasso a decretar un nuevo estado de excepción en el sistema penitenciario, el decimosexto desde mayo de 2021. En un esfuerzo adicional por controlar la situación, el mandatario ha impuesto un toque de queda nocturno en dos provincias y un municipio de una tercera región occidental del país.
La escalada de violencia se desató durante el pasado fin de semana, dejando al país en estado de conmoción. El domingo, Ecuador despertó a la noticia del asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, quien era reconocido por su popularidad y fue acribillado a tiros mientras visitaba una obra.
En el mismo suceso, trágicamente también perdió la vida Ariana Estefanía Chancay, una deportista que se había acercado al funcionario para solicitar su apoyo. Este asesinato político se suma a otros recientes, como el de Rinder Sánchez, candidato a diputado por la conflictiva provincia de Esmeraldas, que fue tiroteado en un intento de robo de su automóvil.
Coincidentemente, el asesinato del alcalde Intriago ocurrió al mismo tiempo que un nuevo brote de violencia en las cárceles ecuatorianas. El sábado, los reclusos del Centro de Privación de Libertad Guayas No. 1, ubicado en Guayaquil, se enfrentaron entre sí en un amotinamiento. Como respuesta, las autoridades desplegaron a 2.700 policías y militares para restaurar el orden.
El saldo fue de 31 fallecidos, según la Fiscalía. Durante las operaciones de control, las fuerzas de seguridad incautaron un arsenal de armas de fuego, municiones y explosivos. Horas después, los presos de 13 de las 35 prisiones del país iniciaron una huelga de hambre y tomaron como rehenes a cerca de 100 custodios.
El presidente Lasso respondió con celeridad decretando un nuevo estado de excepción. Aunque la medida sirvió para poner fin a la huelga de hambre, en el país hay escepticismo sobre si logrará frenar los recurrentes episodios de violencia carcelaria, que han dejado 400 muertos desde 2021, de acuerdo con organizaciones como Human Rights Watch.
Las provincias occidentales de Esmeraldas, Guayaquil y Manta se han convertido en los principales escenarios de la reciente ola de violencia. Estas regiones albergan los principales puertos del país, un objetivo atractivo para los criminales, en particular los narcotraficantes.
En julio, la Policía Nacional de Ecuador admitió en un informe que la ubicación geográfica del país, la debilidad de los controles fronterizos y la falta de supervisión sobre el territorio marítimo y aéreo facilitan el ingreso y salida de drogas.
Las estadísticas respaldan esta afirmación. Desde 2019, las cantidades de droga incautada en el país sudamericano casi se han triplicado, y las tasas de homicidios se han disparado. Sin embargo, la propia policía ha informado que el 79% de las 3.568 personas asesinadas en el primer semestre de 2023 no tenían antecedentes penales, lo que pone en duda la vinculación directa de todos los homicidios con el narcotráfico.
Ante la crisis, el gobierno ecuatoriano apunta a incrementar la presencia policial y militar, pero analistas como Luis Carlos Córdova señalan que la lucha contra las drogas no debería ser solo de represión, sino también de prevención y de desmantelamiento de las estructuras económicas del crimen organizado.
La solución a la crisis carcelaria es otra tarea pendiente. Hasta 2022, las cárceles ecuatorianas albergaban a 36.599 personas, superando su capacidad máxima de 30.169 reclusos. Cuatro centros presentaban un hacinamiento del 95%.
Con todo este panorama, la seguridad y la lucha contra el narcotráfico seguramente dominarán la agenda electoral en las próximas semanas. La gran incógnita es si las medidas tomadas por el gobierno lograrán controlar la situación y garantizar un proceso electoral seguro para los ciudadanos de Ecuador.
Por: Marcano Sin Tapujos
