La Paz | En una reciente decisión, un tribunal de Bolivia ha confirmado la sentencia de 10 años de prisión para la exmandataria transitoria Jeanine Áñez, por la forma en que asumió la Presidencia interina del país en 2019. La defensa de Áñez ha anunciado que pedirá aclaraciones sobre el fallo, ya que ha detectado contradicciones en el mismo.
El abogado Luis Guillén, uno de los defensores de Áñez, explicó a EFE que el documento de 351 páginas “analiza los elementos que han sido apelados” y “ratifica la resolución emitida en primera instancia”, es decir, los 10 años de condena contra la exmandataria por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución.
Sin embargo, durante un análisis preliminar de la defensa, se detectó una contradicción en la sentencia, ya que parece descartar el delito de incumplimiento de deberes, que estaba incluido en el fallo inicial, según indicó el jurista.
En vista de esta situación, los defensores de Áñez planean presentar un recurso de aclaración para que el tribunal especifique si la nueva sentencia efectivamente elimina un delito o no. Una vez obtenida esta aclaración, podrán interponer adecuadamente el recurso de casación, añadió Guillén.
La Justicia boliviana había determinado en junio de 2022 imponer una condena de 10 años de cárcel a la expresidenta interina por el caso conocido como “golpe de Estado II”. Los principales acusadores en este caso son la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno (Interior), quienes consideraron que Áñez asumió indebidamente la Presidencia durante la crisis política de 2019.
La defensa de Áñez argumentó que ella asumió la Presidencia en su calidad de segunda vicepresidenta del Senado, debido al vacío de poder generado por la renuncia del entonces mandatario Evo Morales, su vicepresidente y los líderes del Senado y la Cámara de Diputados.
Cabe mencionar que Áñez se encuentra detenida preventivamente en una prisión de La Paz desde marzo de 2021 por otro caso conocido como “golpe de Estado I”, en el que está acusada de delitos de terrorismo, sedición y conspiración, también relacionados con la crisis de 2019.
La sentencia ha generado críticas por parte de organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Bolivia, quienes han manifestado que en el proceso contra Áñez se hizo un “uso excesivo” de la detención preventiva, entre otros cuestionamientos.
Asimismo, el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, ha señalado que, al ser una expresidenta, Áñez debe ser sometida a un juicio de responsabilidad, independientemente de la forma en que llegó al poder.
Tanto la defensa de la exmandataria como sus acusadores han presentado apelaciones. La defensa argumenta “injerencia política”, mientras que los acusadores buscan que la condena se incremente a 15 años de prisión.
Por: Marcano Sin Tapujos
