El 17 de marzo de 2003 quedó inscrito como una fecha de alto valor político en la historia contemporánea de Canadá. Ese día, el entonces primer ministro Jean Chrétien anunció ante el Parlamento que su país no participaría en la invasión de Irak encabezada por Estados Unidos, fijando una posición que marcaría la política exterior canadiense de comienzos del siglo XXI. La decisión se apoyó en dos argumentos centrales: la falta de una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autorizara el uso de la fuerza y la ausencia de pruebas concluyentes sobre la existencia de armas de destrucción masiva en territorio iraquí.
En aquel contexto, la administración de George W. Bush intensificaba su ofensiva diplomática para justificar la intervención militar, mientras en Naciones Unidas no lograba consolidarse el consenso necesario para legitimar una campaña bélica. Pese a las presiones internacionales y al respaldo que figuras como Stephen Harper expresaban hacia la guerra, Ottawa optó por mantener distancia y reafirmar una línea fundada en el respeto al derecho internacional y en la defensa del multilateralismo.
La postura de Chrétien fue interpretada como un gesto de autonomía frente a Washington y contribuyó a fortalecer la imagen de Canadá como un actor con margen propio en asuntos exteriores. Con el paso de los años, el desarrollo del conflicto, la inexistencia comprobada de las armas invocadas como justificación y el altísimo costo humano, militar y financiero de la guerra consolidaron aquella decisión como uno de los episodios más significativos de soberanía política en la historia reciente canadiense.