La mañana del 19 de febrero de 2026 quedará inscrita como un hito institucional en el Reino Unido. A las 8:00 a. m., Andrés Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, fue arrestado en la finca real de Sandringham bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, una figura penal de extrema gravedad en el derecho británico. El procedimiento no se vincula a delitos sexuales, sino a su gestión como Representante Especial de Comercio e Inversiones del Reino Unido entre 2001 y 2011.
La investigación se intensificó tras la publicación, en enero, de archivos del gobierno de Estados Unidos que apuntan a la posible transferencia de información confidencial de inteligencia comercial a Jeffrey Epstein. Correos electrónicos bajo análisis sugieren el envío casi inmediato de informes oficiales y notas estratégicas sobre Asia y Afganistán, revelando un patrón de conductas incompatibles con la función pública.
La reacción de la Corona fue inequívoca. En un comunicado, Carlos III expresó su profunda preocupación y ratificó el pleno respaldo a la actuación policial. El arresto se produce tras el desalojo de Andrés de su residencia en Windsor y la retirada definitiva de sus últimos honores. Mientras permanece bajo custodia, la Thames Valley Police ejecuta registros en Berkshire y Norfolk. Un episodio que reconfigura los límites entre poder, responsabilidad y ley.