Existe una forma de censura que no necesita censores. Opera por saturación antes que por prohibición, y por incentivo antes que por amenaza. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana la denomina censura indirecta, y lleva dos décadas documentándola en América Latina bajo una modalidad recurrente: la publicidad oficial administrada como instrumento de disciplina editorial.
Esta edición inscribe a la República Dominicana en ese patrón regional, aunque con una particularidad que merece atención. El Partido Revolucionario Moderno edificó buena parte de su discurso opositor sobre la denuncia del gasto propagandístico estatal. En enero de 2024, el propio presidente firmó el Decreto 1-24, que proscribe la publicidad oficial con fines políticos o electorales. Ese mismo año, Participación Ciudadana —capítulo dominicano de Transparencia Internacional— documentó un incremento superior al quinientos por ciento durante el primer cuatrimestre.
El análisis parte de esa distancia entre la norma y su ejecución, y la examina junto a un fenómeno paralelo que rara vez se conecta con ella: la cautela creciente del periodismo dominicano frente al poder. La tesis del programa es que ambos hechos no son coincidentes, sino solidarios. Que pertenecen al mismo mecanismo.
Se trabaja con ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda y la Digepres. Cifras públicas, verificables y perfectamente incómodas.